Los avances continuos de la inteligencia artificial, sumados a la accesibilidad con que distintas herramientas están disponibles para todos nosotros (en este lado del mundo), suponen a su vez riesgos que ya comenzaron a afectar a personas comunes.
“Deepfakes”, clonación de voz, estafas financieras, falsificación de documentos, pornografía no consentida, extorsión y chantaje y violaciones a la propiedad intelectual son solo algunos ejemplos de cómo, con herramientas que podemos utilizar usted y yo, podemos infringir la ley.
Por esa razón, durante esta semana, se aprobó la Ley 163-2026, una medida que actualiza el derecho a la propia imagen para incluir el contenido generado mediante inteligencia artificial. En palabras sencillas, significa que nadie puede utilizar nuestro rostro, voz o una versión digital de nuestra para crear contenido sin autorización cuando ese uso afecte nuestros derechos.
Pensemos en esos videos que hemos visto de políticos o personas con cierta fama diciendo algo que nunca dijeron, o se cometa un fraude utilizando nuestra propia voz. A esto se le conoce como “deepfakes”, y es uno de los escenarios que esta ley busca atender.
La ley para nada prohíbe la inteligencia artificial, eso sería prácticamente imposible. Tampoco impide su uso en la creatividad, la educación o los negocios. Lo que establece es un principio sencillo que necesitábamos reforzar en nuestro estado de derecho: la innovación no puede estar por encima de la identidad y la dignidad de las personas.
A medida que estas tecnologías se vuelvan parte de nuestra vida diaria, conocer nuestros derechos será tan importante como aprender a utilizarlas. La inteligencia artificial no tiene vuelta atrás y la utilizaremos más de lo que la estamos utilizando ahora, sin embargo, tenemos que estar claros de que en Puerto Rico, por ley, se debe respetar la imagen y la voz de cada ciudadano.
