En un mundo donde los adelantos tecnológicos eventualmente alcanzan todos los ámbitos de la vida (comunicación, salud, educación, etc.), es inevitable que la inteligencia artificial (IA) llegue a nuestros sistemas de gobierno.
No piensen que una cosa no se mezcla con la otra; al contrario, la implementación y automatización de procesos gubernamentales mediante el uso de IA representan un gran avance y una ayuda en la toma de decisiones a favor de la ciudadanía.
Ya existen gobiernos que la utilizan en áreas como la automatización de procesos burocráticos, el análisis de grandes volúmenes de datos y la atención al ciudadano mediante “chatbots”, donde las respuestas automáticas a preguntas frecuentes permiten liberar a los empleados para realizar otras tareas. Esto puede aumentar la velocidad con la que se atienden los asuntos, lo cual es una queja común contra los procesos gubernamentales.
Sin embargo, la mera idea de implementar IA en procesos existentes plantea varios desafíos, como, por ejemplo, la protección de la información de los ciudadanos, la necesidad de garantizar transparencia en los algoritmos y procesos, y, para muchos, un punto crucial: cómo afectará la automatización a los puestos de trabajo de los empleados gubernamentales.
Asimismo, debemos pensar en regular el uso de esta tecnología para garantizar que se emplee de manera ética.
Minuto empresarial es una columna del autor que se publica todos los jueves en la sección de Negocios del periodico El Nuevo Día
